Inicia la suspensión del Consenso Fiscal

La posibilidad de que la Cámara de Diputados sesione el viernes 27 para tratar la readecuación del Pacto Fiscal, que quedó pendiente la semana pasada, entró en duda luego de la maratón legislativa de la emergencia económica y podría pasarse para enero o febrero, junto con el tema de las jubilaciones de privilegio.

En la sesión pasado viernes, antes de sancionar la llamada «Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva», el Senado aprobó también la suspensión del Pacto Fiscal, un tema que interesa especialmente a los gobernadores, pero que quedó pendiente de tratamiento en Diputados.

La idea del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, era tratar ese tema el 27 de diciembre, pero esa sesión quedaría finalmente para enero, posiblemente el 8 o el 15 según comentaron fuentes parlamentarias, que tampoco descartaron la posibilidad de que todo pase a febrero.

Las chances de sesionar en el verano crecieron con la prórroga de las sesiones extraordinarias que dictó el presidente Alberto Fernández hasta el 29 de febrero.
El mandatario justificó esa decisión al anunciar que enviará dos proyectos de ley para modificar las jubilaciones de privilegio de jueces y exdiplomáticos, tras la polémica por la exclusión de esos dos regímenes especiales en la suspensión de la movilidad jubilatoria.

La prórroga le dio al Congreso un margen mayor para programar sesiones a lo largo del verano y postergar el tratamiento del proyecto sobre el Pacto Fiscal para cuando ingresen los proyectos sobre las jubilaciones de privilegio.

El tema del Pacto Fiscal interesa especialmente a los gobernadores porque al suspender el Consenso Fiscal de 2017 las provincias se verían habilitadas para subir impuestos, algo a lo que esa norma le había puesto límites.

A los pocos días de asumir, el presidente Alberto Fernández y casi la totalidad de los gobernadores acordaron la suspensión por un año del Consenso Fiscal en lo referido a la baja de los impuestos provinciales sobre Ingresos Brutos y Sellos. Este acuerdo permitirá “aliviar” las finanzas provinciales en tiempos de crisis y caída de recaudación.

El proyecto suspende hasta el 31 de diciembre de 2020 las limitaciones sobre los impuestos a los ingresos brutos y a los sellos, así como Bienes Personales y Ganancias, entre otros.